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Muerte cerebral

Es el ciclo natural de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Al parecer todas las etapas son claras… excepto la última. En términos médicos y legales, existen sólo dos formas en las que una persona puede morir. La primera es la muerte cardiopulmonar, que implica falta de irrigación de sangre y oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo; la segunda, la muerte cerebral, que de acuerdo con el Informe del Comité de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard implica la pérdida completa de la conciencia y la ausencia de respuesta a todo tipo de estímulos de ventilación ⎯confirmada después de al menos tres minutos de desconexión del respirador⎯, de los reflejos que tienen su base en el tronco del encéfalo y de la actividad eléctrica cerebral.

Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida.

Mario Benedetti

Del mismo modo, la Ley General de Salud señala que «la muerte encefálica se determina cuando se verifica la ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de reflejos del tallo cerebral, manifestada por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos».
Pareciera entonces que tanto el ámbito científico como el legal concluyen el mismo razonamiento para diagnosticar una muerte cerebral. Sin embargo, por haber tantos criterios como legislaciones en el mundo, esto no es así.

El debate: origen

Tenemos, por un lado, el tiempo que regala la tecnología médica al paciente para realizarle los estudios necesarios y descartar otro tipo de afecciones que podrían confundirse con la muerte cerebral; por el otro, en un plano más emocional que objetivo, la decisión de familiares de mantener conectado el cuerpo por evasión al desprendimiento. Son ésas sólo algunas de las causas por las que las personas con dicho diagnóstico son conectadas casi de manera inmediata a respiradores y atendidos con fármacos; sin embargo, la donación de órganos es el tema que más ha fortalecido la polarización de las críticas, opiniones y hasta las mismas definiciones.
Cuando el trasplante de órganos fue una realidad, se consideró fundamental y urgente establecer criterios claros para poder diagnosticar la muerte definitiva de un paciente.

En México, la donación de órganos fue regulada jurídicamente hasta 1973 con el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos; actualmente es prevista por la Ley General de Salud.

Dicho procedimiento ha sido promovido por la comunidad científica principalmente como una campaña altruista destinada a mejorar la calidad de vida de las personas; el legislador, por su parte, se ha encargado de regular el derecho de la persona ⎯y de los familiares⎯ de decidir libremente donar o no sus órganos.

Desgraciadamente, las enormes listas de espera y los lentos y entorpecidos trámites para recibir un órgano por donación, así como la falta de donadores, orillan en muchos casos a precipitar los diagnósticos, fortaleciendo las razones de la discusión.

Asimismo, los casos de personas diagnosticadas con muerte cerebral que han reaccionado y se han recuperado alimentan las dudas éticas, morales y legislativas al respecto: la gran mayoría de estos casos son consecuencia de errores de diagnóstico, pues de no hacer los estudios correctos y pertinentes, la muerte cerebral se puede confundir con condiciones como el coma profundo, el estado vegetativo persistente ⎯EVP⎯ o la hipotermia:

tabla-cerebral

Lo discutible de un error de diagnóstico de esta magnitud son las consecuencias trágicas que trae, ya que, por lo general, tras informar a los familiares el diagnóstico, los médicos piden la autorización de los mismos para proceder a la donación de los órganos, lo cual causaría la muerte del paciente que, en el supuesto de que tenga una oportunidad de recuperación, sufriría de una muerte provocada.

¿Muerte irreversible?

Existen casos registrados de personas diagnosticadas con muerte cerebral que reaccionan justo antes de ser intervenidas para donar sus órganos. Tal es el caso de Zack Dunlap, joven estadounidense que a los 21 años, tras un accidente, fue diagnosticado con muerte cerebral; estando ya preparado para la cirugía de extracción, éste recuperó inesperadamente la consciencia. Luego de meses de terapia y tratamiento, Zack se recuperó totalmente. Este caso en particular causó polémica respecto a los parámetros para este tipo de diagnósticos, pues en términos médicos no hubo explicación a su repentina recuperación.
Si bien los casos símiles al de Dunlap representan un porcentaje mínimo en las estadísticas e investigaciones, la realidad es que fortalecen la reflexión latente acerca de lo «irreversible» de la muerte, y sobre si la ciencia médica y los fundamentos legales deben profundizar en el estudio de esta afección antes de dejar todo tratamiento y considerar al paciente un potencial donador de órganos.

¿Son los criterios actuales suficientes para determinar cuándo suspender un tratamiento médico?

La Ley General de Salud establece que la muerte encefálica deberá ser verificada por médicos especialistas, quienes deberán valerse de un electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica, así como de cualquier otro estudio de gabinete que confirme de forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial.
Si bien es cierto que el legislador se ha apoyado en médicos especialistas para la regulación de este tema, también lo es que los criterios cambiantes entre países dificulta unificar definiciones y, aún más, unificar las pruebas que deben considerarse indispensables para corroborar este diagnóstico. Queda mucho por concretar médicamente y mucha tecnología por desarrollar; asimismo, en el ámbito jurídico hay aún trabajo por hacer: la tarea del legislador debe ser la de salvaguardar al ser humano tanto del encarnizamiento terapéutico como de una muerte provocada; encontrar un equilibrio entre la procuración de la calidad de vida y la prevención de negligencias que, por falta de escrutinio, lleven a la muerte a una persona con posibilidades de vivir.

Es indispensable la creación de un equipo de médicos y juristas que no sólo logren armonizar los criterios, sino que establezcan requisitos estrictos para poder realizar un diagnóstico tan severo como lo es el tema tratado en estas líneas y, de la misma forma estricta, exijan su cumplimiento.

Apasionada por la bioética, Patricia Aguilar es Licenciada en Derecho por la ULSA. Considera necesaria la reflexión ética diaria acerca de los límites de las intervenciones del hombre sobre la vida a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

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